Una coalición de 25 estados, encabezada por fiscales generales demócratas, presentó este lunes una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para impugnar la más reciente ronda de aranceles aplicados a importaciones provenientes de 60 países y economías. Los demandantes sostienen que la medida excede las facultades legales del Ejecutivo y provocará un aumento en los costos para consumidores y empresas en el país
La querella fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos y solicita que los gravámenes sean suspendidos, declarados ilegales y que el gobierno reembolse los derechos aduaneros ya pagados por importadores.
Los aranceles, fijados entre el 10% y el 12.5% para la mayoría de los productos afectados, alcanzan importaciones procedentes de países que, según los estados, representan el 99.4% del volumen total de bienes que Estados Unidos compra al exterior. “Tras la derrota en el Tribunal Supremo, la administración intenta una vez más aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, afirmó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las principales impulsoras de la demanda.
Estados cuestionan la base legal de los nuevos gravámenes
El centro de la disputa gira en torno al uso de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La administración Trump argumentó que los aranceles responden a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso en cadenas internacionales de suministro y que buscan proteger a los trabajadores y a la industria estadounidense. Sin embargo, la demanda sostiene que el gobierno utilizó esa legislación como un mecanismo para restablecer, bajo un nuevo fundamento jurídico, un régimen arancelario que previamente fue rechazado por los tribunales.
Los estados alegan que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, aceleró investigaciones en 60 economías sin realizar consultas individuales obligatorias ni justificar por qué aplicó tasas prácticamente uniformes a países con condiciones comerciales muy distintas.
“No existe ninguna relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales generalizados impuestos por la USTR”, señala la demanda. Los fiscales también sostienen que la Sección 301 únicamente permite imponer medidas comerciales tras investigar prácticas desleales de un país específico y exige que las sanciones estén dirigidas a corregir esa conducta, condiciones que, aseguran, no se cumplieron.
La Casa Blanca defiende la medida y anticipa la batalla judicial
La Casa Blanca rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de la política comercial. “El Gobierno de Estados Unidos está utilizando su autoridad legal para lograr la eliminación de actos, políticas y prácticas irrazonables que perjudican el comercio estadounidense”, afirmó el portavoz Kush Desai.
Añadió que la falta de controles eficaces contra productos elaborados con trabajo forzoso afecta a los trabajadores estadounidenses y que “los aranceles de la Sección 301 han demostrado ser una herramienta jurídicamente sólida desde el primer mandato del presidente”.
La demanda también cuestiona que la USTR eximiera de los nuevos gravámenes algunos productos previamente señalados como vinculados al trabajo forzoso, entre ellos la carne congelada procedente de Brasil, lo que, según los estados, contradice la justificación oficial de la medida.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó los aranceles como “un impuesto para las familias trabajadoras” y advirtió que podrían incrementar los precios de alimentos, materiales de construcción, artículos para el hogar y otros productos de consumo cotidiano.
Este es el segundo desafío judicial importante contra la nueva política arancelaria de Trump. Semanas atrás, un grupo de pequeñas empresas también presentó una demanda al considerar que el gobierno carece de autoridad para reinstaurar gravámenes similares a los que previamente fueron invalidados por la Corte Suprema. El nuevo litigio podría definir nuevamente el alcance del poder presidencial para modificar la política comercial de Estados Unidos mediante acciones ejecutivas.
Sigue leyendo: