Un jurado federal de Texas declaró culpable a Chandler Britain Bradford, de 37 años, por participar en un esquema de tráfico de componentes de armas hacia México, operación que habría permitido fabricar aproximadamente 5,700 rifles semiautomáticos y que involucró más de 3.5 millones de dólares.
El jurado encontró culpable a Bradford de siete cargos y enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión federal.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró el veredicto y lo presentó como un ejemplo de la cooperación entre Washington y México para combatir las redes de tráfico de armas.
A través de sus redes sociales, Johnson sostuvo que las autoridades deben desmantelar las estructuras criminales completas mediante el seguimiento de las armas, el dinero y las personas que facilitan las operaciones.
También afirmó que Estados Unidos trabaja con sus socios mexicanos para frenar el tráfico ilegal de armamento y evitar que llegue a manos de organizaciones criminales.
El caso se suma a los esfuerzos de ambos gobiernos para combatir el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México, uno de los temas sensibles de la agenda de seguridad bilateral.
Armaban a cárteles mexicanos
La fiscalía estadounidense sostuvo que las armas estaban destinadas a organizaciones criminales que las utilizaban para mantener el control de territorios y rutas vinculadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Esa afirmación forma parte de los argumentos presentados por los fiscales durante el proceso.
De acuerdo con las autoridades, Bradford, residente de New Braunfels, Texas, suministró de manera ilegal piezas de armas a un ciudadano mexicano ubicado en la zona de Monterrey, Nuevo León.
La operación no se limitó al envío de componentes. Las autoridades estadounidenses señalaron que también proporcionó herramientas y conocimientos técnicos para facilitar la instalación de una estructura dedicada a la fabricación de armas en el norte de México.
El proceso también involucra a otros acusados. José Francisco García Cervantes y Ricardo Rodríguez Sotelo fueron sentenciados a prisión federal en enero de 2025, mientras que Troy Vernon Erbe y Jesús Guzmán Delgado se declararon culpables.
Por otra parte, Julio Gómez Mendoza y Octavio Quiroga Treviño permanecen prófugos.
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