Marco Rubio, secretario de Estado, dio a conocer una sanción dirigida a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y de Abdoulaye Seye, candidato a magistrado en dicho tribunal, esto al considerar que han politizado al tribunal independiente encargado de juzgar a personas acusadas de los crímenes más graves a nivel global.
Desde que el tribunal emitió órdenes de arresto en contra de Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí; y Yoav Gallant, exministro de Defensa de Israel, al encontrar motivos razonables de su responsabilidad penal en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto en Gaza, el gobierno de Washington incluyó en su lista negra a varios funcionarios de la CPI, entre ellos fiscales y jueces.
Sin embargo, el golpe más fuerte en contra de dicho tribunal lo lanzó este martes a través de un comunicado.
“Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC: AKANE, Tomoko, Países Bajos; fecha de nacimiento: 28 de junio de 1956; lugar de nacimiento: Aichi, Japón (…) SEYE, Abdoulaye, Países Bajos; fecha de nacimiento: 9 de mayo de 1967; lugar de nacimiento: Dakar, Senegal; nacionalidad: senegalesa”, indica parte del texto.
Con el objetivo de justificar la decisión del gobierno estadounidense, Marco Rubio expuso que muchas de las acciones orquestadas por la CPI son en represalia a la falta de cooperación de algunas naciones para doblegarse a sus normas.
“Estas personas han participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a funcionarios cuyo gobierno no ha consentido la jurisdicción de la CPI”, señaló en otra misiva.
Es de llamar la atención que menos de 24 antes, el tribunal señalado había dictaminado por mayoría desestimar los argumentos presentados por el gobierno israelí de que la investigación sobre los crímenes cometidos en Gaza después del 7 de octubre de 2023 era inválida.
Ante las sanciones anunciadas por la administración Trump hacia dos de sus miembros, la CPI emitió una declaración asegurando que “socavan el Estado de derecho”.
“Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo.
La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato con independencia e imparcialidad, en plena conformidad con el Estatuto de Roma y en interés de las víctimas de crímenes internacionales”, puntualizó.