La Corte Penal Internacional (CPI) atraviesa una nueva etapa institucional tras la destitución de su exfiscal jefe, Karim Khan, cuya salida deja al tribunal en uno de los momentos de mayor presión política desde su creación. Mientras la Asamblea de los Estados Parte prepara el proceso para designar a su sucesor, la Corte busca mantener abiertas investigaciones de alto perfil, entre ellas las que derivaron en las órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Sin embargo, la remoción de Khan fue consecuencia de un procedimiento disciplinario que concluyó que incurrió en una “conducta e infracción grave de sus deberes” por acusaciones de conducta sexual inapropiada.
De acuerdo a analistas, lejos de cerrar la crisis, la salida del fiscal abre interrogantes sobre el rumbo de la institución en un contexto de fuertes tensiones diplomáticas. Durante la gestión de Khan, la Fiscalía colocó a la CPI en el centro de algunos de los conflictos internacionales más relevantes al impulsar investigaciones relacionadas con la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás.
En marzo de 2023, la Corte emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra relacionados con la deportación y el traslado ilegal de niños desde territorios ocupados de Ucrania. Posteriormente, en 2024, los jueces autorizaron las órdenes de captura solicitadas por Khan contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la ofensiva militar en Gaza.
Un tribunal bajo creciente presión
Las investigaciones contra dirigentes de Rusia e Israel colocaron a la Corte Penal Internacional en una confrontación abierta con gobiernos que rechazan su jurisdicción.
Estados Unidos e Israel, que no son parte del Estatuto de Roma, criticaron duramente las actuaciones del tribunal tras las órdenes de arresto contra funcionarios israelíes. Washington incluso impuso sanciones contra integrantes de la Corte, incluidos jueces, argumentando que la CPI actuó fuera de su competencia al investigar a ciudadanos israelíes. Por su parte, el gobierno de Netanyahu calificó las decisiones del tribunal de “ilegítimas” y rechazó reconocer su jurisdicción.
Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, defendieron la independencia de la Corte y advirtieron que las sanciones contra sus funcionarios representan un riesgo para el sistema internacional de justicia.
El procedimiento que terminó con la gestión de Khan
Aunque el exfiscal se convirtió en una de las figuras más visibles de la justicia penal internacional, su salida obedeció a un proceso disciplinario iniciado tras denuncias de conducta sexual inapropiada presentadas en 2024.
La Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS) de las Naciones Unidas realizó una investigación independiente, cuyas conclusiones fueron analizadas posteriormente por un panel de expertos judiciales y por la Mesa de la Asamblea de los Estados Parte.
Con base en esos informes, la Asamblea determinó que Khan había incurrido en una “conducta e infracción grave de sus deberes”, por lo que resolvió poner fin anticipadamente a su mandato, originalmente previsto hasta 2030.
La elección del nuevo fiscal será determinante
La Asamblea de los Estados Parte deberá elegir próximamente a un nuevo fiscal jefe, quien heredará investigaciones abiertas sobre Ucrania, Gaza, Sudán, Myanmar, Afganistán y otros escenarios de conflicto.
El relevo ocurre en un momento especialmente complejo para la institución, que además enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para ejecutar las órdenes de arresto que emite, ya que depende completamente de la cooperación de los Estados miembros.
Actualmente, la Corte cuenta con 125 miembros; sin embargo, potencias como Estados Unidos, Rusia, China e Israel permanecen fuera del Estatuto de Roma, lo que limita el alcance práctico de varias de sus decisiones. Desde su creación en 2002, la CPI ha emitido siete condenas definitivas y mantiene decenas de investigaciones y procesos abiertos por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión.
Como nuevo elemento de incertidumbre, la salida de Khan coincide con el anuncio de Venezuela de retirarse del Estatuto de Roma, una decisión que añade presión sobre una institución que busca preservar su credibilidad y continuidad en medio de uno de los escenarios políticos más complejos de su historia.
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