Más de 35,900 niños fueron asesinados o mutilados por armas explosivas en conflictos armados entre 2021 y 2025, una cifra que refleja el creciente impacto de bombas, misiles, artillería, minas y drones sobre la población infantil, advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El informe Explosive Weapons and Child Casualties in Conflict: Five Key Facts, elaborado a partir de datos verificados por Naciones Unidas, señala que estas armas provocaron alrededor de 66% de todas las muertes y mutilaciones infantiles documentadas durante esos cinco años.
La tendencia se agravó: en 2021 representaban 54% de las víctimas infantiles verificadas, mientras que en 2025 la proporción superó 72%. Los mayores números se registraron en el Estado de Palestina, Myanmar, Siria, Afganistán, Sudán, Ucrania, Somalia y Yemen.
“Ningún otro tipo de arma mata o hiere a más niños que las armas explosivas”, advirtió UNICEF.
El organismo alertó especialmente sobre el crecimiento de los ataques con drones. Más de 1,000 niños fueron asesinados o mutilados por estas aeronaves entre 2021 y 2025. Sólo el año pasado se verificaron 415 víctimas infantiles en 13 escenarios de conflicto, la cifra anual más alta registrada.
“En lugar de mejorar las cosas y asegurarse de que los niños no mueran, el ser humano se dedica cada vez más a desarrollar nuevas tecnologías para matarlos”, declaró Andrea Iacomini, portavoz de UNICEF Italia, a Vatican News.
El riesgo aumenta en ciudades y otras áreas habitadas. UNICEF indicó que alrededor de 97% de las víctimas civiles causadas por armas explosivas se registra cuando son utilizadas en zonas pobladas, donde los ataques también destruyen hospitales, escuelas, viviendas y redes de agua.
Además de las muertes, los sobrevivientes pueden enfrentar amputaciones, pérdida de la vista o el oído y secuelas psicológicas permanentes.
Ante el aumento de víctimas, UNICEF pidió a las partes en conflicto terminar con el uso de armas explosivas en zonas pobladas, respetar el derecho internacional humanitario y proteger la infraestructura civil. También instó a los Estados a evitar transferencias de armamento cuando exista riesgo de que sea utilizado contra la población.
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