La disputa por el derecho al voto en California escaló luego de que el Departamento de Justicia (DOJ) exigiera a varios condados identificar y revisar papeletas que, según el gobierno federal, podrían corresponder a personas no ciudadanas. El requerimiento, con un plazo de 48 horas que vence este sábado, abrió un nuevo frente de tensión electoral en uno de los estados políticamente más relevantes del país.
De acuerdo con AP, al menos 18 condados californianos recibieron cartas en las que las autoridades federales solicitan datos de identificación de votantes señalados por presuntamente haberse registrado sin cumplir los requisitos de ciudadanía. También piden que se retengan aquellas papeletas cuya elegibilidad no pueda verificarse.
La medida llega a días de las elecciones de medio mandato y reaviva el debate sobre la protección del sufragio, la privacidad de los electores y los límites de la intervención federal.
El gobierno pone la mira en las papeletas
Entre los datos solicitados figuran números de Seguro Social, documentos de identificación y registros de inscripción electoral. Una carta dirigida a funcionarios del condado de San Bernardino menciona una lista federal de mil 133 personas sospechosas de haberse registrado irregularmente para votar.
El primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, lanzó una advertencia a los responsables electorales: “Cualquier funcionario electoral que procese a sabiendas la papeleta de un no ciudadano se expone a problemas legales”.
Sin embargo, la existencia de señalamientos no significa que todas las personas incluidas en las listas hayan cometido alguna infracción. La verificación de cada caso resulta fundamental para evitar conclusiones anticipadas y posibles afectaciones a ciudadanos habilitados para sufragar.
California cuestiona la exigencia y advierte riesgos
Las autoridades electorales estatales y el registrador del condado de Los Ángeles se han opuesto a las solicitudes federales. Según documentos judiciales citados por la agencia mencionada, los abogados de California sostienen que las exigencias podrían retrasar la certificación electoral y poner en riesgo el derecho al voto de ciudadanos estadounidenses.
El conflicto también se desarrolla en los tribunales. El gobierno de Donald Trump demandó al condado de Los Ángeles y a la oficina del secretario de Estado para impedir que se contabilicen votos de aproximadamente 20 mil personas que, según sus estimaciones, probablemente no son ciudadanas. La audiencia está prevista para el martes, mientras la administración federal pidió la intervención del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
Con más de 23 millones de votantes registrados y más de 330 mil votos por correo ya contabilizados, según documentos estatales, California enfrenta una controversia que trasciende la revisión de registros.
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