La Corte Suprema permitió este lunes que el gobierno de Donald Trump avance con partes de su decreto para restringir el voto por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre, aunque dejó abierta la puerta a nuevos litigios que podrían frenar su aplicación.
En una orden, aprobada por 6 votos contra 3, los magistrados dieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) vía libre para avanzar con la elaboración de listas estatales de ciudadanos considerados elegibles para votar. Los tres jueces del ala progresista se opusieron.
La resolución representó una victoria temporal para Trump, pero no significó que todas las medidas previstas en su decreto pudieran aplicarse de inmediato, pues no determinó que el decreto fuera válido ni resolvió los cuestionamientos constitucionales planteados por los estados.
Su decisión se concentró en si los tribunales inferiores podían bloquear el decreto antes de que las agencias federales terminaran de definir cómo lo aplicarían.
Por eso, los estados todavía pueden presentar demandas contra las medidas concretas que adopten el DHS y el USPS. La propia Corte dejó claro que las acciones futuras del Gobierno podrían ser declaradas ilegales.
“La resolución del tribunal sobre esta solicitud no significa que toda medida adoptada por el Gobierno para implementar la orden sea necesariamente legal”, señaló la Corte Suprema. “En ese sentido, el tiempo lo dirá. Pero el decreto en sí no perjudica a los estados, por lo que el Tribunal de Distrito carecía de jurisdicción para impedir que el Gobierno intentara implementarla”.
Trump firmó el decreto el 31 de marzo con el argumento de reforzar la seguridad de las elecciones y verificar que solo los ciudadanos estadounidenses pudieran participar en comicios federales.
Una de sus disposiciones ordenó al DHS elaborar listas estatales con las personas que, según los registros federales, eran ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años y residían en cada estado. Esas listas debían servir como referencia para verificar a los votantes.
El decreto enfrentó demandas de 23 estados, principalmente gobernados por demócratas, y Washington D.C. Los gobiernos estatales argumentaron que Trump había intentado asumir facultades que corresponden al Congreso y a los estados en la administración de las elecciones.
En junio, la jueza federal Indira Talwani, en Massachusetts, bloqueó partes del decreto para las elecciones de noviembre. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito mantuvo esa decisión.
Talwani también bloqueó en agosto una iniciativa específica del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) para modificar las reglas de las papeletas por correo. La jueza concluyó que el Gobierno federal no tenía autoridad para imponer esos cambios y advirtió sobre los posibles daños que podían sufrir votantes y organizaciones electorales.
Ese segundo bloqueo no desapareció con la decisión de este lunes, por lo que el USPS todavía enfrenta una barrera judicial distinta para aplicar sus nuevas reglas.
Cabe destacar que la decisión llegó a menos de tres meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, por lo que unos de los mayores retos es el poco tiempo disponible que podría dificultar la aplicación de cambios importantes en los sistemas electorales estatales.
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