Una coalición de organizaciones civiles y la ciudad de Denver acudió a una corte federal para intentar impedir que agentes armados de ICE sean desplegados en los centros de votación durante las elecciones de mitad de período de noviembre.
La demanda fue presentada en Washington, D.C., y busca que el tribunal declare ilegal cualquier plan que permita la presencia de agentes federales armados en lugares donde se emitan o recojan votos. El caso coloca nuevamente a ICE y las elecciones de 2026 en el centro de una disputa que ha generado preocupación entre grupos defensores del voto.
La demanda fue presentada por Democracy Forward en representación de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Common Cause, UnidosUS y la ciudad de Denver. Los demandantes sostienen que la presencia de agentes armados podría generar temor entre los ciudadanos y afectar su decisión de acudir a las urnas.
La advertencia detrás de la demanda
Uno de los argumentos centrales del caso es una disposición de la legislación federal que restringe el despliegue de tropas o personal armado en lugares donde se realizan elecciones, salvo circunstancias excepcionales relacionadas con enemigos armados de Estados Unidos.
Los grupos demandantes consideran que permitir agentes armados en los sitios de votación podría convertirse en una forma de intimidación electoral, especialmente entre comunidades que mantienen una relación más vulnerable con las autoridades migratorias.
La preocupación no surgió únicamente de rumores. Durante los últimos meses, distintos funcionarios de la administración Trump han sido cuestionados sobre la posibilidad de enviar agentes federales a las urnas, mientras algunos aliados del movimiento MAGA han planteado públicamente la idea de utilizar a ICE cerca de los centros de votación.
El propio secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, intentó marcar distancia con esa posibilidad, pero sus declaraciones dejaron abierta una excepción.
“ICE no está allí para patrullar los centros de votación”, dijo Mullin a la prensa. Sin embargo, añadió que los agentes podrían estar presentes si existiera una amenaza contra el lugar o si estuvieran intentando ejecutar una orden judicial contra una persona a la que buscan.
“Si tenemos que ejecutar una orden judicial, estaremos donde tengamos que estar”, afirmó.
ICE y las elecciones de noviembre
La diferencia entre patrullar un centro de votación y acudir a él para realizar una detención es precisamente uno de los puntos que alimentan la controversia. Organizaciones defensoras del voto argumentan que, independientemente del motivo, la presencia visible de agentes armados podría tener un efecto disuasorio sobre determinados electores.
El debate también llega después de que ICE reconociera que podría tener miles de documentos relacionados con posibles planes para desplegar agentes en centros de votación, después de que inicialmente la agencia había indicado que no tenía registros relevantes.
Por separado, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, ha señalado que las Fuerzas Armadas no tienen previsto enviar tropas ni soldados de la Guardia Nacional a los centros de votación.
La demanda no significa que exista actualmente un plan confirmado para colocar agentes de ICE armados en las urnas. De hecho, funcionarios de la administración han negado que la agencia tenga previsto patrullar los centros de votación. El problema para los grupos demandantes es que las declaraciones oficiales tampoco han cerrado por completo la puerta a que agentes federales puedan aparecer allí bajo determinadas circunstancias.
Sigue leyendo: