El proyecto de remodelación de la Casa Blanca impulsado por Donald Trump enfrenta un nuevo frente de presión en el Congreso. Ocho senadores demócratas solicitaron una auditoría sobre el dinero destinado al Ala Este y al futuro salón de baile, después de que documentos revelaran que el costo de distintos trabajos en el complejo podría alcanzar al menos $927 millones.
La petición fue enviada a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), organismo independiente que trabaja para el Congreso. De acuerdo con The Washington Post, los legisladores cuestionan la manera en que la administración Trump está manejando los recursos públicos y piden revisar si algunos gastos fueron autorizados por el Congreso.
La solicitud ocurre mientras el proyecto enfrenta también una disputa judicial.
Los $927 millones bajo revisión
El dato que encendió las alarmas apareció en una investigación del medio antes citado, basada en contratos confidenciales y otros documentos. Según el diario, la administración contempla gastar al menos $927 millones en distintos proyectos dentro del complejo presidencial.
Más de $500 millones procederían del Servicio Secreto y de la Oficina Militar de la Casa Blanca, según los registros citados por el periódico.
La cifra contrasta con la explicación que Trump había dado durante meses: que el salón de baile sería financiado completamente mediante donaciones privadas. La Casa Blanca sostiene que el salón seguirá siendo pagado con recursos privados, aunque reconoce que los contribuyentes cubrirán importantes componentes de seguridad relacionados con el Ala Este.
Los senadores consideran que existe un problema de transparencia. En su carta, señalaron que la administración no ha presentado suficientes detalles de planificación ni justificaciones para permitir una evaluación adecuada de los planes.
La batalla legal también crece
El conflicto político llega después de que el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. determinara el 7 de agosto que Trump necesita autorización del Congreso para continuar con las obras del salón de baile.
El fallo no entra en vigor inmediatamente: la administración tiene un plazo de 14 días para apelar, lo que abre la puerta a una posible disputa ante la Corte Suprema.
La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la solicitud de auditoría. Sin embargo, en respuesta al diario, sostuvo que los fondos públicos utilizados hasta ahora se han gastado de una manera “consistente con” la intención original del Congreso.
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