Legisladores demócratas de la Cámara de Representantes aumentaron la presión sobre el secretario de Estado Marco Rubio para que explique cómo la administración del presidente Donald Trump pretende manejar fondos públicos destinados a la llamada Junta de Paz, una organización creada por el mandatario que enfrenta cuestionamientos sobre su estructura, autoridad legal y mecanismos de supervisión.
Los representantes Gregory Meeks y Jamie Raskin, integrantes de alto rango de los comités de Asuntos Exteriores y Judicial de la Cámara, respectivamente, enviaron una carta a Rubio con más de una docena de preguntas sobre quién controla la organización, sus cuentas bancarias y la manera en que se autorizan sus contratos y gastos.
La controversia aumentó después de que el Departamento de Estado retirara, el 29 de julio, una transferencia de $50 millones que había sido destinada a la Junta de Paz. La operación fue detenida después de que legisladores cuestionaran la falta de respuestas sobre el destino y supervisión de los recursos.
La administración Trump había prometido inicialmente aportar $10,000 millones para la iniciativa, mientras que gobiernos extranjeros, entre ellos Marruecos y Emiratos Árabes Unidos, han contribuido o comprometido cantidades adicionales.
Legisladores cuestionan control y posibles ganancias privadas
Raskin y Meeks sostienen que persisten dudas básicas sobre la naturaleza de la Junta de Paz: si se trata de una entidad pública o privada, estadounidense o internacional, y quién tiene autoridad para controlar los recursos depositados en cuentas vinculadas a la organización. Los legisladores también cuestionaron que Trump tenga un papel central en las decisiones de la junta. Según los estatutos descritos en la carta, el mandatario selecciona a su Junta Ejecutiva, puede vetar decisiones, intervenir en disputas y emitir directivas de manera unilateral.
Los demócratas expresaron además preocupación por posibles conflictos de interés debido a los planes de reconstrucción de Gaza. Jared Kushner, yerno de Trump y miembro de la junta, ha hablado de “increíbles oportunidades de inversión” relacionadas con el desarrollo de la Franja de Gaza.
El Banco Mundial estableció una cuenta para recibir contribuciones, aunque, según los legisladores, no supervisaría directamente cómo se gastan los recursos. Los donantes también podrían transferir dinero directamente a cuentas administradas por JP Morgan, una situación que ha generado preguntas sobre quién audita esos fondos.
La Junta de Paz fue creada originalmente como parte de la estrategia de Trump para intentar poner fin al conflicto entre Israel y Hamás. Posteriormente, su misión fue ampliada para abordar otros conflictos internacionales. Los demócratas también cuestionaron la autoridad legal de la administración para otorgarle a la organización un supuesto estatus de organismo internacional.
Raskin y Meeks argumentan que una estructura de ese tipo debería contar con respaldo de un tratado o una ley aprobada por el Congreso.
Otro episodio que despertó sospechas ocurrió cuando John Squires, director de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, presentó solicitudes para registrar marcas relacionadas con la Junta de Paz. Las solicitudes fueron retiradas después de cuestionamientos de legisladores, aunque, según la carta, Squires no explicó quién le ordenó presentar los documentos.
Raskin y Meeks dieron a Rubio hasta el 8 de septiembre para responder sus preguntas. Los legisladores advirtieron que, si los demócratas recuperan el control de la Cámara después de las elecciones de noviembre, podrían profundizar la investigación y recurrir a citaciones.
Mientras tanto, la situación en Gaza continúa sin una solución definitiva. La Junta de Paz ha propuesto una hoja de ruta que incluye el desarme de Hamás y una zona piloto en el sur de la Franja para reubicar a decenas de miles de palestinos en áreas reconstruidas.
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