La investigación federal sobre los antecedentes migratorios de la congresista demócrata Ilhan Omar dio un nuevo giro luego de que varios de sus familiares recibieran citaciones de un gran jurado, en un caso que también llevó a agentes federales a registrar su vivienda en Washington, D. C., a pocas semanas de las elecciones legislativas de Estados Unidos.
De acuerdo con CBS News, las autoridades buscan pruebas de posibles fraudes y declaraciones falsas en documentos de inmigración relacionados con la historia familiar de la legisladora. Las citaciones fueron emitidas el viernes, días antes del operativo realizado a inicios de esta semana.
Durante el registro, los investigadores también incautaron el teléfono móvil personal de Omar, según fuentes citadas por la agencia AP. La investigación está vinculada con documentos que, de acuerdo con reportes previos, fueron completados por el padre de la congresista cuando ella era niña.
Hasta ahora, las autoridades no han presentado públicamente pruebas que permitan dar por acreditadas las presuntas irregularidades. Omar ha negado haber cometido alguna falta y ha cuestionado la actuación del gobierno federal.
Una investigación en plena campaña electoral
El momento en que se producen las diligencias ha generado cuestionamientos entre legisladores demócratas. La cercanía de las elecciones de medio mandato, previstas para noviembre, ha reavivado las preocupaciones sobre el uso de las investigaciones federales en casos que involucran a figuras políticas.
El Departamento de Justicia mantiene tradicionalmente la práctica de evitar acciones públicas que puedan influir en procesos electorales durante las semanas previas a los comicios, una pauta conocida como la regla de los 60 días. Sin embargo, se trata de una norma no escrita, no de una prohibición absoluta.
La oficina de Omar calificó el registro como un “abuso de poder” y denunció un intento de utilizar a las fuerzas del orden contra adversarios políticos. El presidente Donald Trump, por su parte, afirmó que no tuvo relación con el operativo.
También investigan las finanzas de su esposo
El caso migratorio no es la única investigación que involucra a la congresista y su entorno familiar. Según el medio citado, fiscales federales en Washington también examinan las declaraciones financieras relacionadas con los negocios de su esposo, Tim Mynett.
Los documentos presentados inicialmente ante el Congreso situaban el valor de sus negocios en un rango de entre $6 millones y $30 millones. Posteriormente, Omar atribuyó las cifras a un error contable y presentó una declaración modificada que situó los activos conjuntos de la pareja entre $18,004 y $95,000.
Ambas investigaciones siguen abiertas y deben distinguirse de una determinación judicial de responsabilidad.
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