DOJ despliega vigilancia en centros de votación de Michigan y desata críticas por presunta injerencia federal

El Departamento de Justicia anunció este martes el despliegue de personal federal para supervisar los centros de votación en Detroit, Hamtramck, Lansing y East Lansing durante las elecciones primarias de Michigan, como parte de una estrategia que, según la dependencia, busca garantizar la transparencia, la seguridad de las papeletas y el cumplimiento de las leyes federales sobre derechos electorales.

La vigilancia estará a cargo de funcionarios de la División de Derechos Civiles y de las fiscalías federales de los distritos Este y Oeste de Michigan, quienes también recibirán denuncias ciudadanas sobre posibles violaciones al derecho al voto hasta las elecciones generales del 3 de noviembre. El anuncio fue difundido por el propio Departamento de Justicia.

“Nuestros esfuerzos de supervisión continúan hoy, con el fin de garantizar elecciones libres y justas en todo el país”, declaró la fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles, Harmeet K. Dhillon. “El Departamento de Justicia está destinando amplios recursos para asegurar una supervisión uniforme y no discriminatoria. Agradecemos la cooperación de estas jurisdicciones para promover la confianza y la transparencia”.

Sin embargo, el operativo ha sido recibido con fuertes cuestionamientos por parte de las autoridades estatales de Michigan, que consideran que el despliegue responde a acusaciones sin sustento y forma parte de una estrategia política para poner en duda la legitimidad del sistema electoral en uno de los estados decisivos para las elecciones federales.

Las críticas comenzaron semanas antes de la jornada electoral, cuando el Departamento de Justicia envió cartas a varias ciudades solicitando documentos relacionados con la elección presidencial de 2024 y argumentando que había recibido reportes sobre largas filas, deficiencias en la entrega de boletas provisionales y problemas con equipos de votación accesibles. Las autoridades locales rechazaron esas afirmaciones y aseguraron que carecen de evidencia.

La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, sostuvo que “los tribunales han dejado claro una y otra vez: las elecciones las administran los estados, no el gobierno federal”, y advirtió que su oficina actuará contra cualquier intento de interferencia ilegal en el proceso electoral.

Por su parte, la secretaria de Estado, Jocelyn Benson, añadió que “las elecciones de Michigan son transparentes, precisas, accesibles y seguras” y acusó al Departamento de Justicia de perseguir “acusaciones infundadas para confundir a los votantes”, aunque reiteró que cualquier observador que actúe dentro de los límites de la ley será bienvenido.

Este enfrentamiento ocurre después de varios meses de tensiones entre la administración de Donald Trump y Michigan en materia electoral. En abril, el Departamento de Justicia exigió acceso a cientos de miles de boletas y materiales de la elección de 2024 en el condado de Wayne, donde se encuentra Detroit, petición que fue rechazada por el gobierno estatal al considerarla un intento de desacreditar el proceso electoral sin presentar pruebas de fraude generalizado.

Posteriormente, un tribunal federal también desestimó otra demanda del Departamento de Justicia que buscaba obtener información confidencial del padrón electoral de millones de votantes de Michigan.

Aunque el Departamento de Justicia insiste en que la supervisión federal busca fortalecer la confianza pública y proteger el derecho al voto, especialistas y funcionarios estatales advierten que el contexto político modifica la percepción de la medida. La concentración de observadores en ciudades con amplio respaldo demócrata y las reiteradas investigaciones federales sobre procesos electorales previamente validados han alimentado las acusaciones de que la estrategia podría contribuir a erosionar la confianza ciudadana más que a fortalecerla.

En ese sentido, el debate ha dejado de ser exclusivamente jurídico para convertirse en una disputa sobre los límites de la intervención federal en la administración de elecciones que, por mandato constitucional, corresponde principalmente a los estados.

Sigue leyendo:
• Exdemócrata Joe Manchin crea movimiento independiente: buscamos votar con demócratas y republicanos
• Demócratas perfilan a Carolina del Sur para abrir las primarias presidenciales de 2028
• Lanzan campaña de $1.5 millones para conquistar el voto latino en Arizona y Michigan