Aunque la Corte Suprema ratificó la ciudadanía por nacimiento como un derecho protegido por la Constitución, el Departamento de Justicia (DOJ) dejó claro que mantendrá una postura firme contra el llamado turismo de nacimiento, una práctica que, según el gobierno, busca aprovechar las leyes migratorias para obtener beneficios de ciudadanía.
A través de su cuenta oficial, la dependencia afirmó que el fallo no modifica su compromiso de combatir los esquemas organizados que promueven el ingreso de mujeres embarazadas al país con el objetivo de que sus hijos obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense.

DOJ anuncia investigaciones y procesos judiciales
El Departamento de Justicia aseguró que dará prioridad a las investigaciones y procesos penales relacionados con el turismo de nacimiento, al considerar que estas redes explotan las leyes migratorias y, en muchos casos, también incumplen la legislación federal.
“Los esquemas de turismo de nacimiento explotan nuestras leyes de inmigración y a menudo violan nuestras leyes penales”, señaló el DOJ.
La dependencia agregó que los responsables de organizar este tipo de prácticas representan una amenaza para la seguridad nacional, por lo que serán llevados ante la justicia.

El fallo no cambia la estrategia del gobierno
El pronunciamiento deja en claro que, aunque la Corte Suprema mantuvo intacta la ciudadanía por nacimiento, las autoridades federales continuarán persiguiendo a quienes, según su criterio, intenten aprovechar vacíos legales para obtener la ciudadanía estadounidense de manera indebida.
“Los actores que buscan explotar lagunas para obtener la ciudadanía automática para sus hijos representan una amenaza a la seguridad nacional y serán llevados ante la justicia”, afirmó el Departamento de Justicia.
El mensaje marca la postura oficial del gobierno tras una de las decisiones más relevantes en materia migratoria de los últimos años y anticipa un mayor escrutinio sobre las organizaciones y personas vinculadas con el turismo de nacimiento, aun cuando el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento permanece vigente.
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