Dos pequeñas empresas de Estados Unidos, entre ellas una de California, presentaron una demanda contra la administración de Donald Trump apenas unas horas después de la entrada en vigor de una nueva ronda de aranceles a más de 80 países. El litigio podría convertirse en una prueba clave sobre los límites del poder presidencial para modificar la política comercial sin la aprobación del Congreso.
The New York Times reveló que los demandantes son Collective Horology, una empresa de relojes con sede en California, y Burlap & Barrel, un negocio neoyorquino dedicado a la venta de especias. Ambas sostienen que la Casa Blanca utilizó de forma indebida la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer gravámenes que, en los hechos, reemplazan otros aranceles que previamente fueron cuestionados por los tribunales.
Empresa de California encabeza el desafío
Para el público californiano, el caso cobra especial relevancia porque Collective Horology, con operaciones en el estado, figura entre las compañías que decidieron llevar la disputa ante el Tribunal de Comercio Internacional.
Las empresas son representadas por el Liberty Justice Center, organización que en ocasiones anteriores ya ha logrado frenar medidas comerciales impulsadas por Trump.
Según la demanda, la administración realizó investigaciones generales sobre presuntas prácticas de trabajo forzoso en decenas de países y anunció los aranceles antes de concluir esos procesos, lo que, a juicio de los abogados, excede las facultades que otorga la legislación.
“El trabajo forzoso es moralmente indefendible, pero un objetivo importante no justifica que el gobierno ignore la ley”, afirmó Sara Albrecht, presidenta y directora ejecutiva del Liberty Justice Center.
La disputa podría llegar de nuevo a los tribunales
De acuerdo con el medio citado, los nuevos aranceles afectan a más de 80 países, incluidos México, Canadá y los miembros de la Unión Europea, con tasas que van del 10% al 12.5%.
Los demandantes argumentan que la administración de Trump utilizó la Sección 301 para reinstalar un esquema arancelario similar al que anteriormente fue invalidado por la justicia, en lugar de responder a investigaciones individuales sobre prácticas comerciales desleales.
La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la demanda. Sin embargo, funcionarios del gobierno han defendido la estrategia al señalar que el presidente utilizará todas las herramientas legales disponibles para fortalecer la política comercial del país.
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