Una nueva disputa entre los estados y el Gobierno de Donald Trump llegó este jueves a los tribunales en Estados Unidos. Una coalición de estados demandó a la administración federal para impedir que obtenga información personal de aproximadamente 17 millones de conductores con licencia comercial.
El conflicto gira en torno a una base de datos que contiene información sensible de quienes conducen camiones y otros vehículos comerciales. Los estados sostienen que el Gobierno federal pretende obtener esos registros sin autorización suficiente y que existe el riesgo de que sean utilizados para fines distintos de aquellos para los que fueron recopilados.
Las demandas fueron presentadas contra el Departamento de Transporte (DOT), la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), además de la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA), que opera la base de datos por encargo de los estados.
La coalición está encabezada por los fiscales generales de Virginia, Illinois, California y el Distrito de Columbia, y cuenta con la participación de 21 fiscales generales y el estado de Pennsylvania, según la oficina del fiscal general de Virginia.
“Donald Trump continúa tomando medidas ilegales para violar el derecho a la privacidad de los habitantes de Virginia y para quitar poder a los estados”, afirmó el fiscal general de Virginia, Jay Jones. “La Commonwealth no cederá ante estas exigencias y amenazas ilegales”.
La disputa se centra en el Sistema de Información sobre Licencias de Conducir Comerciales (CDLIS), un sistema creado en 1986 para que los estados puedan compartir información y comprobar que una persona no tenga licencias comerciales en diferentes estados o antecedentes que le impidan conducir vehículos comerciales.
Los registros incluyen datos como nombre, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, número de licencia y estado que emitió el documento. Los estados también utilizan el sistema para verificar la identidad del solicitante, su condición médica, su historial de conducción y otros requisitos antes de otorgarle una licencia comercial.
El problema surgió cuando la FMCSA pidió a la AAMVA entregar información de todos los conductores registrados en el sistema correspondiente a los últimos cinco años.
La petición provocó preocupación entre los estados porque, según las demandas, el Gobierno federal busca crear una base de datos propia a partir de información que actualmente está bajo control estatal.
Las autoridades estatales argumentan que nunca antes se había solicitado el acceso a la totalidad de los registros de CDLIS y que la nueva petición no establece suficientes garantías sobre cómo se utilizarán o compartirán los datos.
La disputa no se limita a la privacidad. También está relacionada con la política migratoria de Trump.
De acuerdo con Courthouse News Service, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una citación para obtener la información después de que el Departamento de Transporte solicitara los registros. El DHS argumentó que necesita los datos para investigar posibles fraudes relacionados con la expedición de licencias comerciales a personas que no son ciudadanos estadounidenses y para apoyar labores de control migratorio.
El Gobierno federal ha intensificado además sus operaciones contra conductores que considera que no cumplen con los requisitos para manejar vehículos comerciales.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que una operación denominada Operation Highway Shield había retirado de las carreteras a más de 800 conductores que, según las autoridades, representaban un riesgo, entre ellos más de 50 personas que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos y más de 30 que no aprobaron las pruebas de dominio del inglés.
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