El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, solicitó este lunes a un juez federal que desestime la acusación penal en su contra por una publicación en Instagram que, según el Departamento de Justicia (DOJ), representó una amenaza contra el presidente Donald Trump.
La defensa del exfuncionario sostiene que el caso constituye un ataque a la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y que el mensaje en cuestión no puede interpretarse como una amenaza real, además de que “otras personas que han utilizado esa misma frase no han sido acusadas”.
La controversia se originó por una fotografía publicada por Comey en mayo de 2025, en la que aparecían conchas marinas acomodadas sobre la arena formando los números “86 47”, acompañadas del mensaje: “Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa”. Aunque la imagen fue eliminada poco después, la publicación provocó críticas entre simpatizantes del mandatario, quienes interpretaron la combinación numérica como un llamado a la violencia contra Trump, presidente número 45 y 47 de Estados Unidos. Además de que el número 86, en supuesta jerga estadounidense, puede significar “eliminar” o “deshacerse de” alguien, según el diccionario Merriam-Webster.
El exdirector del FBI enfrenta dos cargos por presuntas amenazas de muerte derivadas de esa publicación. Sin embargo, sus abogados afirman que el gobierno federal intenta criminalizar un mensaje político protegido por la Constitución.
Defensa argumenta que la publicación está protegida por la Primera Enmienda
En el escrito presentado ante la corte, los abogados de Comey sostienen que la acusación presentada por un gran jurado federal “ataca y coarta” la libertad de expresión política y advierten que permitir el procesamiento abriría la puerta a que futuros gobiernos utilicen el sistema penal contra opositores políticos.
“Obligar al Sr. Comey a comparecer ante un tribunal por una declaración en contra del Presidente —incluso si finalmente es absuelto— constituiría en sí mismo un castigo inconstitucional a la libertad de expresión”, argumentó el equipo legal. La defensa también rechaza que la expresión “86” tenga necesariamente una connotación violenta.
Según los abogados, el término suele utilizarse en el lenguaje coloquial estadounidense con el significado de “deshacerse de” o “expulsar”, y solo en circunstancias excepcionales puede asociarse con violencia.
Incluso si algunos interpretaran el mensaje como una referencia agresiva, la defensa sostiene que un observador razonable lo entendería como una forma de hipérbole política, una modalidad de expresión que ha sido protegida reiteradamente por la jurisprudencia estadounidense.
Fiscalía sostiene que existió una amenaza creíble
Los fiscales federales mantienen una postura distinta y aseguran que una persona razonable podría interpretar la publicación como “una seria expresión de la intención de perjudicar al presidente Trump”. Esa interpretación sirvió de base para presentar la acusación penal.
Comey eliminó la fotografía poco después de publicarla y explicó entonces que desconocía que la secuencia numérica pudiera asociarse con un llamado a la violencia. “Me opongo a la violencia de cualquier tipo”, declaró en ese momento. El exdirector del FBI tiene previsto comparecer nuevamente ante un juez federal a finales de septiembre y se ha declarado inocente de los cargos.
Además de la moción basada en la Primera Enmienda, su defensa anticipó que presentará otros recursos para solicitar la desestimación del caso, entre ellos el argumento de que el procesamiento responde a una aplicación selectiva y vengativa de la ley.
La disputa judicial ocurre en el contexto de una relación marcada por años de confrontación entre Trump y Comey, quien fue despedido por el presidente en 2017 mientras dirigía la investigación del FBI sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.
El exfuncionario también enfrentó otro proceso impulsado por el Departamento de Justicia relacionado con su testimonio ante el Congreso, aunque ese caso fue desestimado después de que un juez concluyera que el fiscal interino que promovió la acusación había sido designado de manera indebida. Esa decisión permanece bajo apelación por parte del gobierno federal.
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