
Con la obligación de hacerle frente a dos investigaciones federales que se desarrollan en su contra, Ilhan Omar, congresista por Minnesota, contrató a Amy Jeffress y Joshua Matz, dos prestigiosos abogados de Washington.
El presidente Donald Trump y varios miembros de su gabinete han incrementado la presión sobre la demócrata originaria de Somalia a quien señalan por presuntamente llevar mucho tiempo beneficiándose de la política estadounidense a través del engaño.
El gobierno actual afirma que Omar incurrió en un presunto fraude migratorio relacionado con los trámites de asilo y naturalización de su familia cuando ella era menor de edad.
Como punto medular, señala que presuntamente llegó a casarse con su hermano para lograr ingresarlo “legalmente” a territorio estadounidense.
Y a esto se suma que le atribuyen haber participado en un multimillonario fraude cometido en contra del gobierno de Minnesota durante la pandemia, lo cual le permitió consolidar una empresa familiar.
A fin de demostrar no ser responsable ni participe de los delitos que tratan de acreditarle Ilhan Omar recurrió a los servicios del bufete Hecker Fink LLP para ser representada por abogados con experiencia en clientes que también se han enfrentado a Donald Trump.
En el caso de Amy Jeffress, cuenta con la experiencia de haber fungido como exfiscal federal y de representar al expresidente Joe Biden en su demanda contra el Departamento de Justicia, la cual pretendía evitar la publicación de grabaciones de audio entre él y Mark Zwonitzer, autor fantasma de su libro “Promise Me, Dad”.
Es de llamar la atención que Jeffress está casada con el juez federal Christopher Cooper del Distrito de Washington, D.C.
Con respecto a Joshua Matz, llegó a desempeñarse como asistente legal de Anthony Kennedy, exjuez de la Corte Suprema; y en su momento, fue abogado de la columnista a E. Jean Carroll en dos casos civiles distintos presentados en contra de Donald Trump relacionados con su negación ante las acusaciones de agresión sexual presentadas en su contra.
Para ambos expertos en legislación el reto consiste en demostrar la inculpabilidad de su representada a quien la administración Trump pretende poner tras las rejas y retirarle la ciudadanía estadounidense.
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