Un juez federal ordenó al gobierno de Donald Trump entregar en un plazo de 14 días un memorando del Departamento de Justicia que contiene la justificación legal utilizada para respaldar los ataques letales de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas por presunto narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico. El juez Paul Engelmayer, del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, rechazó la mayoría de los argumentos presentados por la administración para mantener el documento en secreto y ordenó que sea entregado al tribunal para una revisión privada antes de decidir si debe hacerse público.
El memorando fue elaborado en septiembre de 2025 por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia, cuando el Pentágono comenzó formalmente a ejecutar los ataques.
Juez cuestiona los argumentos para ocultar el documento
Engelmayer determinó que el Departamento de Defensa adoptó el razonamiento jurídico del memorando como parte de su autoridad para realizar los ataques, una conclusión que dificulta que el gobierno pueda mantenerlo oculto bajo el argumento de que se trata simplemente de un documento interno. El juez rechazó además las invocaciones del gobierno al privilegio del proceso deliberativo y al privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente.
“El tribunal rechaza la alegación de privilegio con respecto a dos de los tres privilegios que invocan las agencias (el privilegio del proceso deliberativo y el privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente)”, escribió Engelmayer en una resolución de 66 páginas.
Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que el gobierno invoque el privilegio de comunicaciones presidenciales. Para determinar si ese argumento procede, ordenó a las agencias identificar quiénes tuvieron acceso al memorando, cuándo lo recibieron y con qué propósito.
El magistrado también solicitó una base de datos completa sobre esas personas y sus razones para consultar el documento.
Organizaciones civiles demandaron bajo la FOIA
La disputa comenzó después de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), su filial de Nueva York (NYCLU) y el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) presentaran una demanda bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). Las organizaciones habían solicitado el memorando, pero el gobierno rechazó divulgarlo. El documento presuntamente sostiene que los ataques pueden realizarse bajo la consideración de que Estados Unidos se encuentra en un supuesto “conflicto armado” con “cárteles de la droga”.
La campaña militar comenzó en el otoño de 2025 y, según los datos incluidos en los materiales del caso, ha dejado más de 200 muertos en al menos 70 ataques. Una de las cifras citadas en la resolución y por los grupos demandantes eleva el número de fallecidos a 234. “El público merece saber cómo nuestro gobierno justifica el asesinato a sangre fría de cientos de civiles”, dijo Jeffrey Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU.
“La orden de hoy es un gran paso en la dirección correcta para garantizar que el gobierno no pueda ejecutar sumariamente a personas basándose en leyes secretas”.
Gobierno deberá esperar revisión judicial
El Centro para los Derechos Constitucionales también cuestionó la legalidad de los ataques. “Ningún presidente puede asesinar arbitrariamente a personas desde el cielo basándose únicamente en su criterio”, declaró Baher Azmy, director jurídico del organismo. El juez Engelmayer, designado por el presidente Barack Obama, ordenó al Departamento de Defensa y al Departamento de Justicia entregar el memorando para su revisión antes de decidir sobre su divulgación.
El caso también plantea preguntas sobre la autoridad de las fuerzas estadounidenses para atacar embarcaciones que, según el gobierno, participan en operaciones de narcotráfico y sobre los criterios utilizados para determinar cuáles son los objetivos.
El gobierno ha defendido los ataques como parte de su estrategia contra el tráfico de drogas. Sin embargo, las organizaciones demandantes sostienen que el público tiene derecho a conocer la base legal utilizada para autorizar operaciones que han provocado numerosas muertes.
El Departamento de Justicia declinó comentar sobre el fallo, mientras que el Departamento de Defensa no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. La resolución llega mientras continúan las acciones militares estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico y después de que Naciones Unidas expresara preocupación sobre la posible ilegalidad de algunas de estas operaciones.
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