Una jueza federal de Estados Unidos declaró ilegal la política del Departamento de Justicia que buscaba recopilar los registros electorales completos de los estados y cruzarlos con una base de datos migratoria para detectar a personas consideradas no elegibles para votar. La decisión representa un revés para Donald Trump, cuya administración ha impulsado una mayor intervención federal en la revisión de los padrones antes de las elecciones de medio mandato.
En una resolución de 78 páginas, la jueza de distrito Sparkle Sooknanan concluyó que la política vulneraba las leyes federales de privacidad y excedía las atribuciones del Gobierno. También advirtió que el uso de información migratoria poco fiable podía provocar que ciudadanos estadounidenses fueran retirados indebidamente de las listas electorales.
La decisión respondió a una demanda presentada por Common Cause, organización dedicada a la defensa de la participación ciudadana y la rendición de cuentas gubernamental.
El riesgo de quitarle el voto a ciudadanos elegibles
El Departamento de Justicia pretendía comparar los registros de votantes con el sistema federal conocido como SAVE, utilizado para verificar información relacionada con la ciudadanía y el estatus migratorio. El objetivo declarado era identificar a personas que no fueran ciudadanas estadounidenses y estuvieran inscritas para votar.
Sin embargo, Sooknanan señaló que el Gobierno no evaluó adecuadamente el riesgo de utilizar datos inexactos para solicitar la eliminación de ciudadanos de los padrones electorales.
En su resolución, la jueza sostuvo que la política podía privar del derecho al voto a ciudadanos elegibles y que el Departamento de Justicia no tenía autoridad para asumir el control del mantenimiento de las listas electorales estatales.
Según Reuters, el Gobierno solicitó registros a casi todos los estados y 18 entregaron información sin censurar, incluidos nombres, fechas de nacimiento, domicilios y datos de licencias de conducir o del Seguro Social.
Common Cause celebra el fallo contra Trump
La resolución también cuestionó la conservación y divulgación de información personal sin las garantías legales correspondientes. El tribunal examinó casos de ciudadanos que habían sido identificados erróneamente como no ciudadanos y eliminados de los registros electorales.
Tras conocerse la decisión, Virginia Kase Solomón, presidenta y directora ejecutiva de Common Cause, declaró que se trataba de “una victoria para los votantes y otra derrota para el Departamento de Justicia”.
La organización pidió a la administración Trump que abandone sus intentos de obtener información privada de los electores y amplíe el control federal sobre las elecciones.
El fallo no impide que el Gobierno federal apoye legalmente a los estados en la revisión de sus registros. Sin embargo, establece límites a la política impugnada y refuerza la responsabilidad de las autoridades estatales en la administración electoral.
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