Un juez federal en Boston bloqueó la aplicación de dos disposiciones de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba establecer nuevas reglas para el voto por correo y crear una lista federal de votantes elegibles en cada estado.
La decisión fue emitida por la jueza Indira Talwani, quien determinó que la administración Trump no tiene autoridad para implementar esas medidas, al considerar que la regulación de los registros electorales corresponde a los estados.
El fallo responde a una demanda presentada por 23 estados y el Distrito de Columbia contra la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo.
La disputa por las listas federales de votantes
La orden presidencial establecía que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, elaborara una lista de ciudadanos con derecho a votar utilizando datos de la Administración del Seguro Social.
Además, buscaba que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) enviara papeletas de voto por correo únicamente a las personas incluidas en una lista aprobada por el gobierno federal.
Talwani rechazó esas medidas y afirmó que ni el presidente ni el Congreso tienen autoridad para crear una base nacional de elegibilidad electoral. “Tanto el Congreso como el presidente carecen de competencia alguna en lo que respecta a la elegibilidad de los votantes”, señaló la jueza en su resolución de 37 páginas.
La magistrada también advirtió que una lista federal podría convertirse en una herramienta de presión contra funcionarios electorales locales encargados de garantizar el acceso al voto.
El impacto sobre el Servicio Postal y la respuesta de la Casa Blanca
La orden ejecutiva también instruía al fiscal general a priorizar investigaciones contra funcionarios estatales y locales que organizaran elecciones sin utilizar la lista aprobada por el gobierno federal.
En una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado, el director general del USPS, David Steiner, declaró que una nueva norma propuesta permitiría rechazar la entrega de boletas por correo en estados que no compartieran listas de votantes aprobadas con la administración Trump.
Hasta ahora, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia no habían emitido una respuesta pública al fallo.
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