Agentes federales armados están llamando a las puertas de viviendas en distintos estados de Estados Unidos para preguntar a sus residentes sobre su estatus migratorio y si se han registrado para votar o han participado en elecciones anteriores. La operación, impulsada por el gobierno de Donald Trump, ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos civiles, que advierten sobre el riesgo de intimidar a ciudadanos con derecho al voto.
Una investigación de CBS News reveló que las visitas forman parte de una campaña para identificar a posibles votantes no ciudadanos antes de las elecciones de mitad de mandato. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que podría haber hasta 250,000 personas no ciudadanas registradas para votar, aunque especialistas electorales cuestionan la precisión de esa cifra.
Sin embargo, los datos citados en la investigación indican que Estados Unidos cuenta con alrededor de 227 millones de votantes registrados, mientras que el Departamento de Justicia (DOJ) ha informado de 156 personas acusadas de delitos relacionados con el fraude electoral desde el inicio de la administración Trump.
Para Jessica Marsden, abogada de Protect Democracy, el despliegue representa una intervención inusual del gobierno federal en los procesos electorales estatales. La organización ha demandado a la agencia por las visitas domiciliarias.
La abogada advirtió que la estrategia podría disuadir a personas que sí cumplen los requisitos para votar. Su preocupación es que la presencia de agentes armados termine generando miedo entre comunidades enteras, incluso entre ciudadanos estadounidenses.
Redadas y preguntas que inquietan a las comunidades
Las visitas se intensificaron en septiembre y continuaron durante el fin de semana previo al reporte. Además, el Departamento de Justicia anunció que agentes federales habían arrestado en California a más de 20 residentes permanentes acusados de registrarse o votar sin tener derecho a hacerlo.
Uno de los casos involucra a un hombre de 72 años originario de Belice, quien fue sacado de su vivienda en pijama y detenido por presuntamente haber votado en cuatro elecciones. Las acusaciones, como las de otros implicados, deben distinguirse de una condena judicial.
En otro caso, Mariana Alexandra Dewey, ciudadana peruana, fue acusada de cuatro delitos relacionados con fraude electoral, incluido el supuesto voto irregular en las elecciones de 2024. Según la investigación, su caso todavía no había sido juzgado.
El DHS defendió la operación. Un portavoz aseguró que la agencia investiga el fraude electoral y busca garantizar que únicamente los ciudadanos estadounidenses elijan a sus representantes. También sostuvo que quienes se encuentran legalmente en el país y no infringen otras leyes no tienen motivos para temer.
Expertos cuestionan el alcance de la operación
Las críticas no solo proceden de organizaciones civiles, Eric Balliet, exagente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), afirmó que nunca había conocido una iniciativa similar durante sus 23 años de servicio.
La investigación también señala que cientos de agentes fueron reasignados para rastrear a posibles votantes no ciudadanos en al menos seis estados, entre ellos California, Georgia, Misuri, Pensilvania, Washington y Wisconsin.
Parte del proceso consiste en cotejar registros electorales con bases de datos migratorias y de ciudadanía. En septiembre, un informante denunció que empleados del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (ICE) debían revisar información de decenas de miles de personas, incluidos ciudadanos, con una cuota de 40 casos diarios.
El DHS defendió esas revisiones y aseguró que se realizan con profesionalismo. Sin embargo, Marsden advirtió que las listas podrían contener numerosos falsos positivos. Como ejemplo, señaló que las autoridades inicialmente identificaron a casi 16,000 personas en los registros electorales de Nevada, pero después no pudieron presentar pruebas de un solo votante registrado irregularmente.
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