A pocas semanas de las elecciones de medio mandato, un grupo de funcionarios de seguridad nacional ha comenzado a asesorar discretamente a autoridades estatales y legisladores ante el temor de que el gobierno de Donald Trump pueda intervenir en el proceso electoral. La preocupación se centra en la protección del voto y en los límites del poder federal frente a unos comicios que definirán el control del Congreso.
De acuerdo con una investigación de The Washington Post, alrededor de 10 funcionarios en activo y retirados han mantenido conversaciones con representantes de 10 estados, incluidos gobernadores, responsables electorales y miembros de la Cámara de Representantes y del Senado de ambos partidos.
El grupo busca que las autoridades identifiquen posibles vulnerabilidades y sepan cómo responder ante escenarios que pudieran comprometer la integridad electoral. Sus advertencias, según el periódico, se basan en declaraciones públicas y acciones de Trump y sus aliados, no en información clasificada obtenida por sus cargos.

Uno de los participantes resumió la inquietud de los legisladores con una frase contundente: “Todos han dicho que están preocupados, pero no saben qué hacer”.
¿Qué escenarios preocupan antes de las elecciones?
Entre las posibilidades analizadas está el eventual despliegue de militares o agentes federales de inmigración en centros de votación, así como intentos de cuestionar o frenar resultados electorales mediante acusaciones de fraude.
Los asesores también han recomendado a legisladores prepararse para rechazar públicamente cualquier intento de interferencia y a los gobiernos estatales reforzar sus protocolos de seguridad.
La inquietud tiene antecedentes. Trump ha insistido en sus denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 2020, pese a que sus acusaciones centrales fueron desacreditadas. Además, ha impulsado medidas para aumentar la influencia federal sobre las reglas electorales, un ámbito cuya administración corresponde principalmente a los estados.

En enero, el FBI registró una oficina electoral en el condado de Fulton, Georgia, y confiscó material relacionado con los comicios de 2020, acción que volvió a poner bajo la lupa las investigaciones vinculadas con las afirmaciones electorales del presidente.
La Casa Blanca rechaza las preocupaciones
La administración Trump rechazó las advertencias del grupo. Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, defendió las medidas del gobierno y responsabilizó a los demócratas de oponerse a iniciativas para endurecer las leyes electorales.
En un comunicado citado por el medio antes citado, la portavoz afirmó que el gobierno está tomando medidas para proteger las elecciones, perseguir delitos electorales y reforzar la seguridad de la infraestructura electoral.
Sin embargo, las dudas no se limitan a legisladores demócratas. Funcionarios republicanos también han expresado reservas ante los intentos de Washington de acceder a registros electorales estatales o ampliar su autoridad sobre la organización de los comicios.
Deidre Henderson, vicegobernadora republicana de Utah, declaró al periódico: “Las amenazas que estamos recibiendo ahora provienen principalmente de nuestro propio gobierno”.
Por ahora, las advertencias describen escenarios posibles, no una interferencia electoral demostrada.

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