Las escuelas privadas que utilicen criterios relacionados con la raza, el color o el origen nacional o étnico en sus procesos de admisión, becas, programas educativos o actividades deportivas podrían perder su exención de impuestos federales bajo una nueva propuesta impulsada por la Administración Trump. El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunciaron este jueves las regulaciones, que ampliarían las restricciones sobre las políticas de diversidad en instituciones educativas privadas y afectarían potencialmente a miles de escuelas de distintos niveles.
La propuesta establece que una institución que mantenga o aplique prácticas consideradas discriminatorias por motivos raciales no podría acogerse al beneficio fiscal previsto en la sección 501(c)(3). “Bajo la presidencia de Trump, esta administración defiende a los estudiantes estadounidenses garantizando que la discriminación racial no tenga cabida en la educación en Estados Unidos”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La medida todavía está sujeta a un periodo de comentarios públicos y podría enfrentar impugnaciones legales antes de convertirse en una norma definitiva.
Hasta 18,000 instituciones podrían verse afectadas
El Tesoro y el IRS calculan que las nuevas reglas podrían alcanzar a unas 18,000 instituciones educativas privadas, desde escuelas primarias y secundarias hasta universidades, colegios profesionales y centros de formación vocacional. Las autoridades pretenden que la prohibición abarque admisiones, becas, préstamos, políticas educativas, deportes y cualquier otro programa administrado o financiado por las instituciones.
Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, advirtió que las escuelas que continúen aplicando prácticas consideradas discriminatorias deberán enfrentar la posibilidad de perder su estatus fiscal. La propuesta también eliminaría disposiciones anteriores del IRS que permitían determinadas preferencias raciales en admisiones, instalaciones, programas y ayuda financiera. El gobierno sostiene que esas reglas ya no son compatibles con la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema.
La administración señala que las escuelas todavía podrán apoyar a estudiantes desfavorecidos mediante criterios neutrales respecto a la raza, como ingresos familiares, ubicación geográfica, condición de primera generación universitaria, dificultades personales, pertenencia a una familia militar o rendimiento académico. Las instituciones religiosas también conservarían la posibilidad de mantener sus misiones y seleccionar estudiantes con base en una afiliación religiosa genuina, de acuerdo con la legislación vigente.
La regulación definitiva, si es aprobada, se aplicaría a los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 31 de mayo de 2027.
Defensores de los derechos civiles y académicos cuestionan la iniciativa y sostienen que los programas de diversidad buscan enfrentar desigualdades históricas. La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios indicó que evalúa acciones legales contra la medida.
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