El presidente Donald Trump amenazó con presentar una demanda por $5 mil millones contra el Center for American Progress (CAP), luego de que el centro de investigación publicara un análisis que cuestiona el impacto de los despliegues de la Guardia Nacional en varias ciudades de Estados Unidos.
El informe, publicado el 13 de julio, sostiene que la presencia de tropas no produjo un efecto medible en la reducción de los delitos violentos. Entre las ciudades analizadas aparece Los Ángeles, donde el gobierno de Trump desplegó elementos de la Guardia Nacional en 2025.
La amenaza legal fue revelada por The New York Times, que reportó que Alejandro Brito, abogado personal de Trump, envió una carta a CAP para exigir que retirara el estudio y se disculpara con el presidente. De no hacerlo, advirtió sobre una posible demanda por difamación de $5 mil millones.
Los Ángeles ya registraba una caída en el crimen
El punto central del estudio es que la reducción de la violencia no comenzó con la llegada de la Guardia Nacional.
De acuerdo con CAP, las tendencias de homicidios y delitos violentos ya mostraban una disminución en varias ciudades antes de los despliegues ordenados por Trump. En Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis, los investigadores compararon los datos anteriores y posteriores a la intervención.
Para Los Ángeles, el modelo utilizado por CAP no encontró un cambio estadísticamente significativo en el nivel ni en la tendencia de los delitos violentos después del despliegue. Es decir, el análisis no permite atribuir la reducción del crimen a la presencia de las tropas.
El centro también calculó que mantener los despliegues durante 2026 podría llevar el costo para los contribuyentes a más de $1,700 millones.
CAP rechaza retirar su investigación
La organización no cedió ante la amenaza. Neera Tanden, presidenta y directora ejecutiva de CAP, defendió públicamente el trabajo y aseguró que sus conclusiones están respaldadas por análisis de datos.
“Este ataque a los hechos y las pruebas es infundado”, afirmó Tanden, quien también sostuvo que una demanda sería un intento de silenciar al centro.
Trump, por medio de Brito, acusa al informe de contener afirmaciones “falsas, maliciosas y difamatorias”. La disputa se centra ahora en si las conclusiones del estudio constituyen una afirmación protegida sobre datos y políticas públicas o si, como sostiene el equipo legal del presidente, dañan su reputación.
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