La tala de cientos de árboles en un campo de golf público de Washington D. C. colocó a la administración de Donald Trump bajo presión judicial. Más de 400 ejemplares fueron retirados de East Potomac Golf Links durante un fin de semana, en medio de una disputa legal por los planes para transformar el histórico recinto en un campo capaz de recibir torneos profesionales.
La intervención provocó el enojo de la jueza federal Ana Reyes, quien cuestionó la actuación del gobierno y exigió explicaciones sobre por qué los trabajos avanzaron sin la notificación previa que había solicitado. El caso tomó mayor relevancia a inicios de esta semana, cuando funcionarios y abogados federales volvieron a enfrentarse en una audiencia marcada por las contradicciones sobre el futuro del proyecto.
Según AP, la controversia no se limita a la eliminación de árboles: también gira en torno a si la administración intentó avanzar con la remodelación mientras el proyecto continúa bajo revisión judicial.
Más de 400 árboles talados en medio de una disputa legal
El campo de golf East Potomac, situado en una zona histórica de la capital estadounidense, está en el centro de una demanda presentada por la DC Preservation League y otros actores locales que buscan frenar cambios que consideran contrarios a las normas de protección del patrimonio.
La administración Trump pretende renovar las instalaciones para convertirlas en un recinto de categoría profesional. Sin embargo, la tala de árboles realizada en octubre elevó la tensión, pues ocurrió mientras el litigio seguía abierto y después de que la jueza pidiera al gobierno avisar con anticipación sobre modificaciones sustanciales.
Durante una audiencia anterior, Reyes reprochó a los representantes federales la manera en que se llevaron a cabo los trabajos. De acuerdo con Reuters, la jueza expresó su profunda decepción y cuestionó por qué alguien dentro del gobierno consideró aceptable actuar de esa manera.
La administración defendió la tala al argumentar que respondía a un informe del Servicio de Parques Nacionales de 2019, que recomendaba retirar árboles muertos, deteriorados o peligrosos. Los críticos, en cambio, han cuestionado que esa explicación justifique el momento y la magnitud de la intervención.
La cifra exacta varía según los reportes y los documentos citados: las primeras informaciones hablaron de aproximadamente 430 árboles retirados, mientras que otros reportes señalaron que más de 500 estaban contemplados para su eliminación.
La jueza frena nuevas talas y exige explicaciones
El 13 de octubre, Reyes extendió las restricciones para impedir que el gobierno continuara talando árboles en el campo hasta el 26 de octubre. También ordenó que la administración notificara con tres días hábiles de anticipación a la corte y a los demandantes antes de realizar modificaciones irreversibles en el recinto.
La disputa volvió a intensificarse después de que Trump anunciara en redes sociales que las renovaciones comenzarían el 15 de noviembre. Ese anuncio generó nuevas preguntas, ya que los abogados del gobierno habían ofrecido explicaciones sobre el estado del proyecto que parecían difíciles de conciliar con la postura del presidente.
En la audiencia del lunes, la jueza buscó aclarar si la tala estaba realmente desvinculada de la remodelación que impulsa Trump. También cuestionó la credibilidad de la explicación oficial y pidió cuentas a funcionarios del Departamento del Interior y del Servicio de Parques Nacionales.
El gobierno, por su parte, ha sostenido que la retirada de árboles obedecía a razones de mantenimiento y seguridad, no necesariamente al inicio de las obras de remodelación.
Trump ataca a la jueza mientras crece el conflicto
La controversia también escaló fuera de los tribunales. Trump criticó públicamente a Reyes después de que la jueza rechazara un intento del gobierno de apartarla del caso por presunto sesgo político.
La magistrada sostuvo que la solicitud no cumplía con el exigente estándar legal para justificar su recusación. Su decisión dejó a Reyes al frente de un litigio que enfrenta los planes presidenciales con las reclamaciones de quienes buscan preservar el carácter histórico y público del lugar.
Por ahora, la restricción judicial sobre nuevas talas tiene fecha límite del 26 de octubre.
Sigue leyendo: