El Gobierno de Donald Trump ha convertido la persecución del voto de personas no ciudadanas en una prioridad federal a pocos días de las elecciones de medio mandato. Sin embargo, una revisión de cientos de páginas de expedientes judiciales y nuevas investigaciones periodísticas dibujan un panorama muy distinto al de una conspiración masiva para alterar los resultados electorales.
Una investigación de Reuters reveló que la Administración ha emitido más de 100 citaciones judiciales en al menos 13 estados para obtener registros de votantes. Los requerimientos incluyen desde expedientes individuales hasta padrones completos, en una ofensiva que involucra a funcionarios electorales estatales y locales.
Por su parte, The Washington Post analizó más de 180 casos de personas acusadas de registrarse para votar o emitir sufragios sin ser ciudadanos estadounidenses desde el inicio del segundo mandato de Trump. Según el diario, los expedientes describen incidentes aislados, no un esfuerzo organizado de los demócratas para manipular las elecciones mediante el voto de inmigrantes.
Casos individuales bajo una ofensiva nacional
La Administración sostiene que busca hacer cumplir las leyes electorales. La portavoz del Departamento de Justicia, Kiersten Pels, afirmó que las autoridades procesarán a quienes voten ilegalmente, independientemente de su afiliación política.
Pero algunos expedientes muestran situaciones complejas. Jacqueline Wallace, una ciudadana jamaicana que buscaba obtener la residencia permanente, se declaró culpable de un delito menor relacionado con el voto. El juez federal que llevó su caso consideró que había cometido un error honesto y descartó que formara parte de un complot para influir en las elecciones.
En otro caso, un jurado absolvió a Wilner Renaud, un ciudadano haitiano acusado de delitos relacionados con el registro y el voto. Estos resultados evidencian que una acusación no equivale a una condena y que los fiscales deben demostrar que hubo intención de infringir la ley.
Jueces cuestionan los métodos del Gobierno
La ofensiva también enfrenta obstáculos judiciales. Una jueza federal restringió las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional en nueve estados al advertir que las listas utilizadas podían contener errores e incluir a ciudadanos estadounidenses.
Reuters, además, documentó que las acusaciones por voto ilegal de personas no ciudadanas representan una fracción mínima del electorado. Aunque las autoridades federales aseguran que investigan miles de posibles irregularidades, no han presentado pruebas de un fraude generalizado que involucre a cientos de miles de votantes.
Abogados y especialistas electorales advierten que estas investigaciones podrían alimentar impugnaciones de resultados ajustados y generar temor entre ciudadanos naturalizados que tienen derecho a votar.
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