Trump lleva a la Corte Suprema la disputa por datos de ciudadanía y registros de votantes

La administración de Donald Trump llevó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos su disputa por el uso de una base de datos federal para verificar la ciudadanía de personas registradas para votar, en una batalla que coloca nuevamente los registros electorales, la privacidad y los datos de inmigración en el centro del debate antes de las elecciones de noviembre.

De acuerdo con información de Reuters, el Departamento de Justicia presentó una solicitud ante el máximo tribunal para que permita utilizar una versión modificada del sistema SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements). El gobierno busca frenar una resolución de junio que bloqueó el uso masivo de la herramienta después de que una jueza federal determinara que el sistema había sido ensamblado de manera irregular y contenía información poco confiable sobre ciudadanía.

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La petición ocurre pocos días después de que un tribunal federal de apelaciones rechazara el intento de la administración para levantar el bloqueo. El fallo, emitido por el Circuito de Apelaciones del Distrito de Columbia en una votación de 2-1, dejó vigente la prohibición sobre el uso del SAVE modificado para revisar los padrones electorales.

El gobierno defiende el uso de datos del Seguro Social

Los abogados del Departamento de Justicia sostienen que la decisión de la jueza federal amenaza la capacidad del gobierno para responder a solicitudes estatales relacionadas con la verificación de ciudadanía.

En el escrito presentado ante la Corte Suprema, los abogados calificaron la orden como “indefendible” y argumentaron que impide al gobierno utilizar internamente información del Seguro Social cuando atiende solicitudes de los estados para verificar la ciudadanía de personas registradas para votar.

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El problema es que los tribunales han expresado dudas sobre la precisión de los datos y el riesgo de que ciudadanos elegibles terminen cuestionados o incluso eliminados de los padrones electorales.

El Circuito de Apelaciones señaló que el uso de información incorrecta podría obligar a ciudadanos a demostrar nuevamente su ciudadanía para conservar su registro y, en algunos casos, provocar la cancelación de inscripciones.

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