Donald Trump redobló este lunes la presión sobre los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes para que respalden una resolución presupuestaria que allane el camino a la aprobación de la SAVE America Act, una controvertida reforma electoral que la Casa Blanca busca convertir en ley antes de las elecciones legislativas de noviembre.
A través de su red social Truth Social, Trump llamó a cerrar filas en torno a la iniciativa y a la estrategia impulsada por el liderazgo republicano en el Congreso.
“Pido a todos los republicanos de la Cámara que voten a favor de la resolución presupuestaria esta semana, ya que es un primer paso importante para lograr la aprobación de un proyecto de ley de presupuesto. ¡Los republicanos de la Cámara deben unirse y luchar por la America Save Act!”, escribió el mandatario.
La propuesta pretende endurecer los requisitos para participar en las elecciones federales al exigir una identificación oficial con fotografía para votar, comprobantes de ciudadanía al registrarse y limitar el uso del voto por correo, salvo en casos excepcionales.
“Debemos exigir identificación con fotografía para votar, prueba de ciudadanía y, ojalá, eliminar las corruptas boletas por correo (salvo en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes)”, sostuvo Trump en su mensaje.
El presidente también agradeció al líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por incorporar la SAVE America Act dentro del paquete presupuestario, una maniobra legislativa que busca incrementar sus posibilidades de avanzar en el Senado mediante el proceso de reconciliación presupuestaria, aunque especialistas advierten que la inclusión de una reforma electoral podría enfrentar obstáculos por las reglas parlamentarias de esa cámara.
La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero permanece bloqueada en el Senado debido a la oposición demócrata y a las dudas de algunos republicanos sobre la viabilidad de utilizar el mecanismo presupuestario para aprobar cambios de esta naturaleza.
Los demócratas, organizaciones defensoras de los derechos civiles y expertos en materia electoral sostienen que la legislación podría dificultar el acceso al voto de millones de ciudadanos, especialmente de personas de bajos ingresos, adultos mayores y votantes cuyos documentos no coinciden con sus registros oficiales.
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