Human Rights Watch y otras tres organizaciones de derechos humanos presentaron este martes una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump para impugnar las sanciones impuestas contra funcionarios y entidades vinculadas con la Corte Penal Internacional (CPI). La querella fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York por Human Rights Watch, American Friends Service Committee, el Centro para los Derechos Constitucionales y el Open Society Institute.
Los grupos sostienen que las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense representan un “ataque flagrantemente ilegal” contra la justicia internacional y aseguran que la orden ejecutiva firmada por Trump en febrero de 2025 excede las facultades presidenciales.
La demanda también argumenta que las sanciones afectan actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos y el trabajo jurídico, además de vulnerar las protecciones contempladas en la Primera y Quinta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.
Organizaciones denuncian restricciones a su trabajo
La ofensiva de Washington contra la CPI se intensificó después de que el tribunal con sede en La Haya investigara posibles crímenes internacionales relacionados con ciudadanos estadounidenses e israelíes. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, tratado que estableció la CPI, y el gobierno de Trump sostiene que el tribunal carece de jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses sin consentimiento de Washington.
La Administración también ha cuestionado las actuaciones de la CPI relacionadas con Israel, particularmente después de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.
Según los demandantes, las sanciones han provocado restricciones financieras y digitales para personas y organizaciones afectadas y han dificultado la colaboración de grupos estadounidenses con entidades sancionadas.
Andrew Loewenstein, abogado principal de los demandantes, afirmó que la participación de varias organizaciones demuestra el impacto que las medidas tienen sobre la sociedad civil y los esfuerzos para llevar ante la justicia a responsables de crímenes graves.
Trump mantiene su presión contra la Corte Penal Internacional
La demanda ocurre mientras la Administración Trump mantiene una campaña para aumentar la presión sobre la CPI. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en julio una intensificación de las acciones estadounidenses contra el tribunal, incluyendo nuevas sanciones y presión sobre países que forman parte de la Corte.
Los grupos demandantes aseguran que estas medidas no solo afectan a funcionarios de la CPI, sino también a organizaciones de derechos humanos que colaboran con investigaciones y representan a víctimas de presuntos crímenes internacionales. La demanda busca que el régimen de sanciones sea declarado ilegal y que se detenga su aplicación contra las organizaciones y personas afectadas.
La disputa abre un nuevo frente judicial entre la Administración Trump y organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos, mientras continúa el debate sobre los límites del poder presidencial, la jurisdicción de la CPI y el papel de Washington frente a investigaciones internacionales.
Human Rights Watch calificó la acción legal como un intento de detener los ataques contra la justicia internacional y defender el espacio para que organizaciones de la sociedad civil puedan continuar documentando abusos y buscando mecanismos de rendición de cuentas.
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